Sistema de Alerta Temprana Comunitario

Construir un sistema de alerta temprana para identificar amenazas, evaluar riesgos y diseñar alertas de la transición energética puede sonar extraño. Esta transición se nos presenta como un proceso cuyo objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero para mitigar la crisis climática y de contaminación que aqueja al planeta.

Esto se lograría principalmente mediante un cambio tecnológico en la matriz energética, transicionando desde el uso de energías fósiles al uso de energías renovables. ¿Por qué consideraríamos esta transición energética, a primera vista tan noble, como una amenaza y una fuente de posibles daños? ¿A quiénes amenaza y de qué riesgos se trata? ¿Qué podemos hacer y qué alternativas tenemos?

Para ir respondiendo nos apoyamos en evidencia científica, pensamiento crítico y las experiencias de las y los afectados por la transición energética dominante. Decimos dominante porque no existe una sola transición, sino que pueden distinguirse diferentes tendencias o transiciones: unas dominantes, manejadas principalmente por el poder económico global, y otras alternativas. Estas transiciones son procesos complejos a nivel global, nacional y local, de transformaciones pero también de continuidades, no solo a nivel energético y tecnológico sino también a nivel ecológico, económico, territorial, político y cultural.

A la tendencia dominante la llamamos transición energética corporativa. Es impulsada por las grandes empresas transnacionales del sector energético y financiero, siendo respaldada por tratados internacionales y políticas públicas implementadas por los Estados. En Chile esta transición lleva más de una década, caracterizándose por un gran aumento de proyectos de infraestructura de energías renovables, sistemas de transmisión eléctrica y de explotación de minerales como cobre y litio. Los gremios empresariales y los gobiernos de distinto signo político han señalado que esta transición busca el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible del país, mediante la descarbonización de la matriz energética y la electrificación de los consumos.

Sin embargo, ese discurso dista bastante de la realidad. En los territorios donde llegan a instalarse los megaproyectos de la transición energética corporativa se generan conflictos socioambientales. Las y los habitantes locales y los ecosistemas son dañados: ruidos y sombras permanentes en los hogares, degradación del paisaje, fragmentación de ecosistemas y destrucción de acuíferos. Además, la instalación de estos megaproyectos siempre viene de la mano de la división de la comunidad —promovida por consultoras expertas en intervención comunitaria— y de la modificación permanente e irreparable de sus modos de vida rural. Los desarrolladores imponen el proyecto y despliegan malas prácticas para controlar el territorio. Emerge la resistencia local, a veces regional, a estos proyectos y a las decisiones gubernamentales que los respaldan. De esa contraposición de significados —entre otras causas— nacen los conflictos socioambientales.

La transición energética corporativa se presenta como una expansión acelerada, descomunal y catastrófica del sistema energético. Con la aparición de varios megaproyectos al mismo tiempo en un mismo lugar, a decir de los afectados es un “tsunami” o una “bomba de racimo” sobre sus territorios, generando efectos acumulativos que producen daños en grandes extensiones. Los proyectos avasallan: los habitantes locales tienen poco tiempo para alertarse, reflexionar sobre las amenazas y los riesgos, organizarse, decidir y emprender acciones (y aun así lo hacen).

En todo Chile la transición corporativa está produciendo nuevas zonas de sacrificio. Las mismas corporaciones dueñas de termoeléctricas que por décadas han contaminado el norte, ahora se expanden en todo el país con proyectos eólicos que amenazan con destruir las fuentes de agua, las economías locales y la tranquilidad rural en vastas regiones. Las organizaciones socioambientales han señalado que la energía renovable es necesaria “pero no así”, porque esta transición corporativa es un “saqueo energético” y una “falsa solución” a los problemas ambientales.

En los lugares donde se han instalado estos grandes proyectos a lo largo del país se ha constatado la magnitud de los daños que producen. Cuando los pobladores y organizaciones de las zonas donde la transición corporativa pretende instalarse se informan de estas malas experiencias previas, comienzan a ver este tipo de infraestructura como una amenaza a su territorio. Es entonces cuando empiezan a reflexionar sobre los peligros concretos y a evaluar los riesgos o probabilidades de daño.

Las empresas o corporaciones transnacionales del sector financiero y energético han incorporado a su negocio las fuentes de energía renovable sin que esto signifique una transición hacia otros modos de producir, distribuir y consumir la energía. Mientras tanto, los Estados y sus políticas públicas, así como los acuerdos internacionales, se han subordinado al interés corporativo. En la raíz de este modelo hay una manera de comprender el planeta: no como una trama viva de la que formamos parte, sino como un conjunto de recursos disponibles para la explotación y la apropiación privada.

La estructura desigual del poder político y económico permanece intacta y no existe debate público respecto a para qué necesitamos, de quién es y para quién es la energía. Los proyectos de energías renovables son incorporados a los mercados financieros globales que especulan con el cambio climático. Los territorios reciben los daños mientras los beneficios se extraen de la región o el país, reproduciendo el desarrollo desigual y estableciendo un colonialismo energético. En Chile, tanto la energía como la infraestructura energética son propiedad privada de grandes empresas.

A nivel global, la creciente oferta de energías renovables no está reemplazando a la generación de energías fósiles, sino que se incorpora a la oferta total como suplemento disponible frente a una demanda que sigue creciendo. Como en las anteriores transiciones de la historia, las antiguas fuentes —la madera, el carbón— no dejan de utilizarse: aumenta su explotación y consumo como materias complementarias. Pareciera que todo cambia pero todo sigue igual.

Pero existe otra manera de entender la transición energética y su relación con la vida. No se trata solo de cambiar las fuentes de energía, sino de repensar para qué y para quién producimos energía. La catástrofe ecológica global nos lleva a reconocer que vivimos en un planeta con límites físicos y biológicos, que están siendo traspasados por el modelo dominante y su lógica de crecimiento infinito. Una transición genuina no es solamente un cambio tecnológico: significa un cambio civilizatorio en la forma de habitar, producir, sentir, pensar y relacionarnos.

Las alternativas existen y son viables. Pasan por el control local, descentralizado y distribuido de la energía, que permite una distribución más justa del poder y la riqueza. También por soluciones basadas en la naturaleza, considerando la entropía y reintegrando las sociedades humanas a los ciclos y límites de la biosfera. Buscan confluencias con la biodiversidad, la fotosíntesis, los ciclos del agua y el suelo, las energías del sol, vientos y mareas, sin convertirlos en recursos de megaproyectos extractivos. Y pasan también por recuperar la energía, el agua y los territorios como bienes comunes: soportes de la vida que se cuidan y gestionan colectivamente, no mercancías de apropiación privada.

Los caminos de las transiciones alternativas inician desde preguntas incómodas para el poder: ¿Quién decide sobre la energía? ¿Cómo se reparten sus beneficios y sus daños? En lugar de expansión sin fin, buscan construir un buen vivir donde la energía sea un medio y no un fin en sí mismo. Para avanzar en esta vía necesitamos entender mejor cómo funcionan las amenazas que vienen sobre los territorios.

Hemos dicho que la transición energética corporativa es una amenaza para los territorios. Pero ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué diferencia hay entre una amenaza y un riesgo? ¿En qué momento una amenaza deja de ser una posibilidad y se convierte en un desastre?

Para construir un sistema de alerta temprana desde las comunidades necesitamos precisar algunos términos, que nos sirven para nombrar lo que está pasando y actuar a tiempo. Usaremos como base la terminología acordada en la ONU para la reducción de riesgo de desastres, pero desde una interpretación crítica y comunitaria.

Una amenaza es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones, otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. En nuestro contexto, los megaproyectos eólicos, solares y mineros constituyen amenazas de origen humano. La pregunta es binaria: ¿existe o no existe el proyecto? ¿Puede causar daño o no? Si la respuesta es afirmativa, estamos en presencia de una amenaza. Las comunidades llaman peligro a esta fuente potencial de daño, y es correcto: el peligro es aquello que por su sola existencia puede causar un perjuicio.

Pero que una amenaza exista no nos dice qué tan probable es que el daño efectivamente ocurra ni con qué gravedad. Para eso necesitamos el concepto de riesgo de desastres: no es un sí o no, sino la probabilidad de que se produzcan muertes, lesiones, destrucción y daños en una comunidad en un período determinado, en función de tres factores —la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad— y de un cuarto que los contrarresta, la capacidad.

En otras palabras, el riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción con la amenaza. El riesgo no es un hecho de la naturaleza, sino el resultado de decisiones humanas que distribuyen de manera desigual la probabilidad del daño. Veamos cada factor:

Cuando el riesgo no se gestiona y la amenaza se manifiesta, hablamos de un suceso peligroso: la materialización concreta de una amenaza en un lugar y un tiempo determinados. Si ese suceso interacciona con alta exposición, gran vulnerabilidad y poca capacidad, puede provocar un desastre. Los desastres no son naturales: son el resultado de decisiones humanas que crean y distribuyen el riesgo de manera desigual.

Para evitar que el riesgo se convierta en desastre necesitamos alertas. Una alerta es una señal clara y oportuna que comunica que una amenaza está por manifestarse o ya lo ha hecho, activando medidas de preparación y respuesta previamente acordadas. Funciona con umbrales graduados:

La alerta no es un rumor: se basa en la vigilancia sistemática y en fuentes verificables. Un sistema de alerta temprana es mucho más que una alarma: es un sistema integrado de vigilancia y predicción de amenazas, evaluación de riesgos, y procesos de comunicación y preparación que permite adoptar medidas oportunas antes de que ocurran los sucesos peligrosos. La gestión del riesgo de desastres es el “qué” y el “por qué”; el sistema de alerta temprana es el “cómo” nos organizamos para vigilar, comunicar y responder a tiempo. Es una herramienta de poder comunitario: la capacidad de no ser tomados por sorpresa.

Cuando una empresa comienza a estudiar un lugar para instalar un megaproyecto eléctrico, la comunidad que vive allí rara vez lo sabe. Este desfase entre el tiempo de las empresas y el tiempo de los territorios es uno de los problemas más concretos que enfrenta cualquier proceso de defensa territorial. Un Sistema de Alerta Temprana (SAT) existe precisamente para acortar esa brecha.

Un SAT es una herramienta de gestión del riesgo. Su función es reducir la vulnerabilidad, fortalecer las capacidades de una comunidad para que pueda anticiparse a las amenazas antes de que se conviertan en desastres, y abrir caminos posibles para incidir en la realidad local. No es una alarma que suena cuando ya es tarde: es una práctica permanente de observación, comprensión y preparación.

Y decimos que es un sistema de alerta temprana comunitaria (SATc) porque no es un sistema estatal ni un dispositivo tecnológico administrado por expertos: lo sostiene la propia comunidad, con sus saberes, sus vínculos y sus decisiones colectivas. Nadie conoce mejor el territorio que quienes lo habitan, y nadie tiene más razones para cuidarlo. Lo comunitario no es un adorno del sistema: es su condición de posibilidad.

Una amenaza existe antes de que cause daño. Puede estar en etapas muy tempranas: una solicitud de concesión eléctrica en el Diario Oficial, una visita técnica en los cerros cercanos, o una reunión reservada entre privados y funcionarios municipales. Cada señal es débil por sí sola, pero reunidas cuentan una historia. Un SAT organiza la capacidad colectiva de leer esa historia antes de que avance al capítulo siguiente.

Un SAT funciona como un proceso continuo, no como un dispositivo que se activa solo en emergencias. Observar señales, identificar amenazas, comprender riesgos, comunicar alertas, organizar respuestas y recuperar aprendizajes: este ciclo se fortalece con el tiempo. Antes que nada, depende de la decisión colectiva de prestar atención al territorio antes de que sea urgente hacerlo.

Fuente del marco de los cuatro pilares: Naciones Unidas, iniciativa Early Warnings for All (UNDRR). undrr.org

Un SAT no funciona con una sola persona atenta. Funciona cuando la información circula. Y para que circule bien —sin perderse, sin llegar tarde, sin quedarse atrapada en grupos cerrados— hace falta una red.

No en el sentido organizacional rígido, sino en el sentido práctico: distintas personas haciendo cosas distintas, conectadas entre sí. Lo interesante es que esa red muchas veces ya existe. En casi todos los territorios hay alguien que recorre los caminos y nota cuando algo cambia, alguien que lee documentos oficiales, alguien que sabe explicar cosas difíciles con palabras simples, alguien que conecta a la gente. El SAT no crea esos roles desde cero: los reconoce, los articula y les da un propósito compartido.

Finalmente, el cuidador o cuidadora de memoria registra lo que ocurre: actas, fotografías, mapas, testimonios, aprendizajes. La memoria comunitaria no es nostalgia: es lo que permite que la próxima vez —si la hay— la comunidad no empiece desde cero.

Estos roles no tienen por qué recaer en personas distintas ni seguir una secuencia rígida. En comunidades pequeñas una misma persona puede asumir varios. Lo que importa es que ninguno quede vacío demasiado tiempo, que haya claridad sobre quién hace qué, y cuidar la salud de todas y todos: quienes piensan la estrategia de defensa del territorio necesitan cuidarse para que esa defensa sea sostenible. Los conflictos socioambientales son luchas largas, que cruzan incluso generaciones.

La llegada de un megaproyecto no es solamente un problema técnico, legal o ambiental. También transforma profundamente las relaciones al interior de una comunidad: modifica vínculos, altera la percepción del futuro e instala emociones difíciles de sostener —miedo, incertidumbre, agotamiento o desconfianza.

Tal como vimos en el apartado 1.2, un desastre no depende únicamente de la existencia de una amenaza: surge cuando esa amenaza interactúa con exposición, vulnerabilidad y baja capacidad de respuesta. En los conflictos territoriales ocurre algo similar: el daño no proviene solamente del proyecto, sino también de cómo la comunidad logra —o no logra— enfrentar colectivamente el proceso. El ciclo que describimos no es una receta ni una fatalidad: es un mapa orientativo construido a partir de experiencias reales.

Existe una cierta coherencia territorial: las personas se conocen, las organizaciones funcionan, el territorio es percibido como hogar, memoria y futuro. No se trata de un equilibrio perfecto ni de un paraíso —ya existen desigualdades y heridas históricas—, pero hay una vida cotidiana en común que sostiene. Es justamente aquí donde un SAT tiene mayor capacidad preventiva: cuando aún no hay crisis urgente, es más fácil construir redes, compartir información y fortalecer organizaciones.

En algún momento esa vida cotidiana se interrumpe. Aparecen estudios en los campos, vehículos desconocidos, anuncios de proyectos que podrían afectar el agua, la tierra y las formas de vida. El shock viene con lenguaje técnico excluyente, reuniones poco claras y sensación de desigualdad frente a empresas e instituciones. Y algo importante: el golpe no crea todos los problemas del territorio, sino que los agrava y los vuelve visibles. Las familias viven el impacto de manera aislada, y esa desorientación aumenta la vulnerabilidad. Aquí un SAT puede ser decisivo: identificar tempranamente la amenaza, ordenar información dispersa, traducir documentos y generar espacios de comprensión colectiva.

Después del golpe aparece una bifurcación. La comunidad puede entrar en un proceso de fragmentación y desgaste, o transformarse en uno de fortalecimiento y organización colectiva. Lo que ocurra depende de las capacidades acumuladas. ¿Y si no hay organización, o no la conocemos? No es una condena: muchas organizaciones nacen precisamente al calor del golpe. El propio proceso de enfrentar la amenaza puede crear los vínculos y las estructuras que no existían.

Muchas comunidades reconocen que durante estos procesos también descubrieron nuevas capacidades: personas que no se conocían terminaron trabajando juntas, saberes antiguos volvieron a valorarse y organizaciones debilitadas recuperaron fuerza. En ese sentido, un SAT no es únicamente una herramienta para detectar amenazas: es también una práctica de cuidado colectivo y una capacidad comunitaria para atravesar el conflicto sin perder los vínculos que sostienen la vida común. Porque un SAT no elimina todas las amenazas, pero sí puede evitar que la comunidad se quiebre frente a ellas.

En el capítulo anterior definimos qué es un Sistema de Alerta Temprana y vimos que se sostiene sobre cuatro pilares. Este capítulo desarrolla el primero: el conocimiento del riesgo o, dicho de otro modo, conocer el territorio e identificar los riesgos que trae la expansión eléctrica corporativa.

Antes de vigilar hay que saber qué estamos buscando; antes de responder, hay que entender a qué nos enfrentamos. Este capítulo es una caja de herramientas, no un tratado: por eso cada sección termina con un ejercicio práctico para que la comunidad levante su propia información. La guía cumple su propósito cuando el diagnóstico del riesgo lo construye la propia comunidad sobre su territorio, no cuando se lee de corrido.

En el apartado 1.2 ya definimos los conceptos fundamentales: amenaza, exposición, vulnerabilidad, capacidad, riesgo y desastre. No los repetiremos aquí; los pondremos a trabajar. Para recordarlos y usarlos, nos sirve esta fórmula simple:

Sobre la amenaza tenemos poco control inicial, pero sobre la exposición que reconocemos, las vulnerabilidades que reducimos y las capacidades que fortalecemos, sí podemos actuar. El riesgo, además, se construye social y políticamente: la transición energética corporativa produce riesgo y lo distribuye de manera desigual. Los daños se concentran en territorios rurales convertidos en zonas de sacrificio, mientras los beneficios se extraen hacia fuera. Los proyectos llegan en racimo, generando efectos acumulativos que ninguna evaluación individual reconoce por completo. Conocer el riesgo es, por eso, un acto político de defensa territorial y la base de todo lo que sigue.

De esa fórmula se desprende el mapa de este capítulo: comprender la amenaza (2.2), identificar la exposición (2.3), reconocer las vulnerabilidades (2.4) y fortalecer las capacidades (2.5).

El sistema energético que se expande sobre los territorios no es solo un conjunto de máquinas. Está compuesto de infraestructuras, leyes, instituciones, personas y empresas, pero también de procesos económicos, políticos, culturales y territoriales. Comprenderlo como sistema es el primer paso para dimensionar la amenaza: ningún proyecto llega solo ni actúa solo.

La transición corporativa funciona como una red interconectada de megaproyectos que podemos ordenar en seis grandes categorías. Las categorías operan encadenadas: la minería alimenta la fabricación de turbinas, los parques eólicos alimentan las plantas de hidrógeno, las líneas y puertos lo mueven, y los instrumentos financieros lo rentabilizan.

Dentro de este sistema de megaproyectos, la expansión eléctrica —generación y transmisión— cumple un rol fundamental y es la que más territorios está tocando. Para evaluar el riesgo de esa expansión necesitamos conocer cómo funciona el sistema eléctrico chileno y, sobre todo, quién decide en él. Una breve historia en hitos ayuda a entender lo esencial:

Este recorrido muestra un proceso de fondo: la privatización de la energía, de la infraestructura y de la toma de decisiones, que sirvió de base para la profundización de los extractivismos en Chile. La legislación establece que la electricidad es un servicio que empresas privadas ofrecen como mercancía a dos tipos de clientes: los clientes regulados —hogares, pequeños comercios y talleres, con tarifas fijadas por el Estado— y los clientes libres —grandes industrias, mineras y agroindustrias que negocian sus contratos directamente—. El sector se divide en tres segmentos: generación (libre competencia), transmisión y distribución (monopolios regulados). El Estado juega un rol secundario de regulación y coordinación. La ciudadanía no existe en esta legislación: la población aparece solo como un agente económico, el “cliente regulado”.

¿Y cómo se decide dónde se expande? El Ministerio de Energía elabora la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), que proyecta escenarios de demanda a treinta años construidos sobre supuestos de crecimiento económico y de expansión de los sectores exportadores —minería del cobre, hidrógeno verde—. El Coordinador recoge las solicitudes de conexión de las empresas y formula una propuesta de expansión a la CNE, que define las nuevas obras en el Plan de Expansión Anual de la Transmisión. Luego el proyecto se licita, ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se conecta bajo la supervisión de la SEC.

En el segmento de la generación, la lógica interna es una competencia feroz entre empresas por capturar los territorios con mejor recurso —viento, sol, agua— y por asegurar “paños” de conexión en las subestaciones antes que la competencia. Esta carrera explica por qué varios proyectos aparecen al mismo tiempo en una misma zona formando polos de desarrollo eléctrico, lo que para el territorio significa daños acumulativos.

En síntesis: el sistema eléctrico chileno sigue exclusivamente un criterio de mercado. La energía se genera, transmite y distribuye para la ganancia privada, en función de la demanda de la economía transnacional —minería, agroindustria, centros de datos, hidrógeno para exportación— antes que de las necesidades de la población. El poder de decisión real no lo tiene el Estado ni la ciudadanía: está concentrado en un conjunto de empresas privadas, en su inmensa mayoría extranjeras.

Antes de caracterizar los proyectos, una advertencia: no hay que mirarlos como si fueran solo máquinas e instalaciones. Un proyecto es mucho más que un objeto técnico: es un conjunto de relaciones sociales, ecológicas, económicas y de poder que se despliega sobre el territorio. Parte del proyecto son también sus componentes suplementarios: las consultoras ambientales y gestoras de intereses que hacen el “relacionamiento comunitario” y el lobby, y que lo hacen posible. Por lo mismo, en esta guía preferimos hablar de los daños de los proyectos antes que de “impactos”, palabra que la jerga técnica ha domesticado.

Los tipos de proyectos eléctricos que estudiamos son los de generación —complejos eólicos terrestres y marinos, plantas solares fotovoltaicas y de concentración (CSP), hidroeléctricas de pasada y de embalse, hidrobombeo, biomasa, biogás, geotermia y baterías (BESS)— y los de transmisión: líneas de alta tensión en corriente alterna o continua y subestaciones.

Los proyectos avanzan por fases, y en el equipo trabajamos con dos lecturas distintas de ellas. Ambas son útiles. La primera es la lógica de la ingeniería: cómo la empresa concibe, evalúa y materializa la obra; nos sirve para comprender el proyecto por dentro. La segunda es la lógica de los permisos y las huellas: qué trámites y registros públicos va dejando a su paso; nos sirve para detectarlo y monitorearlo, y es la base del Pilar 2.

Mientras la ingeniería avanza, el proyecto va dejando rastros en registros públicos. Esta segunda lectura ordena esas huellas: nos dice dónde mirar para detectar un proyecto antes de que se haga visible. Las fuentes concretas para rastrear cada huella se desarrollan en el Pilar 2.

Las primeras fases de ambas lecturas concentran las decisiones y son casi invisibles para la comunidad; por eso el Pilar 2 dedicará especial atención a las huellas tempranas.

Todos los proyectos eléctricos comparten componentes comunes: obras civiles (caminos de acceso e internos, plataformas, fundaciones, zanjas de cableado), obras eléctricas (subestación elevadora y línea de evacuación que conecta al sistema) e instalaciones temporales (faenas, canteras o empréstitos, botaderos). A ellos se suman los componentes específicos de cada tipo: aerogeneradores con sus torres, góndolas y aspas; paneles e inversores; bocatomas y represas; contenedores de baterías; torres y conductores de alta tensión. Y los componentes suplementarios ya mencionados: consultoras, gestoras y equipos de lobby.

Los daños de estos componentes son sociales, económicos, ambientales y culturales, y sobre todo acumulativos y sinérgicos: se suman y potencian entre proyectos y con las infraestructuras ya existentes. Para evaluarlos necesitamos comprender la mirada institucional del SEIA —sus componentes ambientales, sus líneas de base—, pero sin quedar presos de ella: esa “normalidad” en apariencia técnica tiene un trasfondo político y cultural que decide qué daños cuentan y cuáles no. Partimos entonces de la mirada de las poblaciones locales sobre el daño. Un ejemplo: el SEIA reducirá el ngen de la montaña a una “creencia” que se anota en un formulario, aunque para la comunidad williche sea un ser fundamental del cosmos, con materialidad.

La exposición responde a la pregunta: ¿quiénes y qué están en la línea de impacto? Pero cuidado: no es una lista abstracta de “componentes ambientales” al estilo del SEIA. Es el cruce particular entre las características de la amenaza y las de este territorio concreto.

Desde la perspectiva del capital, instalar un megaproyecto es una operación de destrucción y reconstrucción del territorio: una conquista que busca el control de sus recursos. Por eso proponemos leer la exposición desde el control territorial: preguntarnos qué ámbitos de la vida del territorio comienza a controlar el proyecto. Esta mirada se diferencia de la del SEIA, que reduce la evaluación a una cuestión técnica y omite la disputa política de fondo: territorios para el extractivismo o territorios para la vida.

En rigor, estas energías no son ni renovables ni limpias: la termodinámica muestra que toda energía se degrada generando entropía, y el análisis de sus cadenas de producción desmiente su limpieza. Con esta mirada, el inventario de lo expuesto deja de ser un listado técnico y se vuelve un mapa de lo que está en disputa: comunidades y viviendas; agua y acuíferos; suelos agrícolas; biodiversidad y fauna; economías locales —agricultura, turismo, pesca, ganadería—; patrimonio cultural y paisaje. Y como los proyectos no llegan solos, la exposición real es a la superposición de varios de ellos sobre los mismos elementos: daños que se acumulan y que la evaluación de cada proyecto por separado no reconoce.

La vulnerabilidad, dijimos en el capítulo 1, es la grieta por donde entra el desastre, pero también el espacio donde podemos actuar con mayor autonomía.

Son las condiciones que aumentan nuestra susceptibilidad al daño, y no son culpa de la comunidad: se producen socialmente, a través de historias de centralismo, abandono estatal y precarización. Esta es la producción social del riesgo: territorios que fueron vueltos vulnerables son luego elegidos para instalar los proyectos. Hay algo más que conviene saber: las empresas estudian nuestras vulnerabilidades. Las consultoras mapean los conflictos internos, las necesidades económicas y los liderazgos débiles antes de diseñar su estrategia de entrada. Conocer nuestras vulnerabilidades antes —y mejor— que ellos es defensa territorial.

Estas dimensiones se refuerzan entre sí: la vulnerabilidad económica alimenta la social, la institucional profundiza la ambiental. Pero recordemos la buena noticia del capítulo 1: a diferencia de la amenaza, la vulnerabilidad sí depende de nosotros. Informarnos a tiempo, fortalecer organizaciones y tejer redes son maneras concretas de cerrar la grieta.

La capacidad es la combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles en la comunidad para gestionar y reducir el riesgo. En nuestra fórmula es el denominador: a más capacidad, menos riesgo, aunque la amenaza siga igual.

Dos territorios enfrentando el mismo proyecto viven riesgos muy distintos según las capacidades que hayan construido. Este es el terreno donde la comunidad tiene más autonomía, y por eso cerramos el diagnóstico aquí: no para inventariar lo que falta, sino lo que ya tenemos.

Estas capacidades dan vida a los roles de la red de alerta comunitaria del apartado 1.4: vigías, rastreadores, administradores de fuentes, curadores, traductores, alertadores, comunicadores, tejedores y cuidadores de memoria. El inventario de capacidades es, en la práctica, el punto de partida para repartir esos roles.

Ese diagnóstico es la base sobre la que se construye todo el sistema de alerta. El paso siguiente es mantener ese conocimiento vivo: vigilar de manera permanente las señales del sistema que aprendimos a leer en este capítulo. De eso trata el Pilar 2: la vigilancia y el monitoreo de las amenazas.